Hace unas semanas un periodista de la BBC entrevistaba a Hugo Chávez. Para mostrar que en Venezuela hay presos políticos iba citando uno a uno los nombres de personas detenidas por casos de corrupción. Cuando a uno le van preguntando uno a uno si también cree que x e y están en la cárcel por ser corruptos en un proceso justo y no por oponerse a un gobierno que controla malévolamente la justicia y la policía, el espectador tarde o temprano acaba pensando “ya, qué casualidad que todos sean corruptos“.

Algo así lleva planteando desde hace años el Partido Popular para desviar la atención de la corrupción que lo cala hasta los huesos. Desde aquel concejal que anunció mientras entraba en el furgón policial que Zapatero detiene concejales honrados mientras los etarras veranean en Doñana hasta el zaplanista Ripoll a quien el PP defiende en tromba de la policía de Rubalcaba. Tras el interrogatorio de Ripoll, fruto de dos años de investigaciones y avalado por la justicia alicantina (¡si aún fuera Garzón!), Rita Barberá afirmó que quien tiene mucho que explicar sobre el caso Ripoll es Rubalcaba. Ya ni nos reímos porque es lo que se ha dicho en todos los casos: la Gurthel era una cacería urdida en un coto por un ministro y un juez (ambos puestos ya fuera de circulación), las imputaciones del Guateque son fruto de la manía de un tendero y pronto descubriremos que Alejandro Agag es un destacado miembro de la Komintern. Como en la entrevista a Chávez, habrá espectadores que piensen que vale, que algún corrupto habrá en el PP, pero que es demasiada casualidad y que también habrá persecuciones políticas. Mitad y mitad, que al fin y al cabo en el término medio está la virtud.

Encarcelar a los corruptos es una prueba de la falta de democracia. No es una afirmación exclusiva de la derecha española, ni siquiera en Europa. Ya Berlusconi acusó a una persecución comunista de los abundantes casos de corrupción que se le iban conociendo al beliniere. Por eso cuando llegó al poder restauró la democracia decretando impunidad para sus delitos y aprobando la ley mordaza que impedirá a los medios italianos dar a conocer casos de corrupción hasta que no haya terminado el larguísimo (y dificilísimo) procedimiento judicial. En España, por ejemplo, estaría prohibido hablar de la Gürtel, del Pocero y del caso Tinell. En el caso del Pocero, poco falta, la verdad.

Cada vez que detienen a un corrupto, denuncian la falta de democracia. Habría que preguntarles qué medidas van a tomar para restaurar la democracia; si las italianas, por ejemplo. Afortunadamente no hay respuesta porque en estas ruedas de prensa no se admiten preguntas: para defender la democracia.