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El escándalo de corrupción que cerca al ex ministro de Aznar y ex presidente balear, Jaume Matas, no sólo afecta a su persona sino que ha venido a destapar también una supuesta financiación ilegal del PP balear. Testimonios y documentos en poder de los fiscales así lo corroboran. En el proceso abierto a Matas ha quedado al descubierto, como hace tiempo que se sospechaba, la existencia de pagos en dinero negro efectuados por el PP para sufragar gastos electorales, así como facturas correspondientes a servicios particulares del partido realizados con fondos públicos.

Pero el caso Matas, nos tememos, no es más que la punta del iceberg de la gangrena que corroe a una derecha que ha preferido convivir plácidamente con la corrupción en los últimos años, en lugar de combatirla. La especial protección de que goza el ex tesorero Bárcenas, uno de los máximos acusados en la trama Gürtel, lo dice todo. O la condescendencia con que es tratado Camps, por parte de Rajoy. También la estrategia de Trillo de querer anular pruebas contundentes en el proceso o su desacreditación permanente de la instrucción judicial. Todo vale para este partido con tal de salir indemne o lo menos maltrecho posible de un proceso que lo pone contra las cuerdas.

Especialmente significativo es también el caso Matas dentro del proceso de corrupción generalizada que afecta al PP. Primero porque fue ministro de Aznar y las fundaciones que ambos presiden están estrechamente relacionadas. Y luego porque alguien que presta declaración por nueve delitos que van de la malversación al tráfico de influencias, pasando por la prevaricación, el blanqueo de dinero, la falsedad en documentos oficiales o el cohecho, debería cuando menos ser cesado de militancia, algo que en el caso de Matas no ha ocurrido, quizá por la estrecha amistad que lo unía a Rajoy, con quien en los buenos tiempos compartía vacaciones y yate en Mallorca.

Pero poco o nada se puede esperar de un dirigente que desde que preside el PP se ha dedicado sistemáticamente a escurrir bultos, a la espera de que campee el temporal, y confiado en que la corrupción no afectará a las perspectivas electorales de su partido. En esa línea se ha movido hasta ahora, y en esa línea parece que va a seguir moviéndose. Su objetivo es llegar como sea a la Moncloa. Llegado el caso, desde allí lo tendría más fácil para “desactivar” esta bomba de relojería, que es la corrupción. Lo importante es que antes no le explote entre las manos. De ahí que la maquinaria judicial del partido se haya puesto en marcha para torpedear la instrucción. De momento, ya han conseguido la anulación de algunas pruebas, aunque la meta es más ambiciosa: anular el proceso o retrasarlo al máximo.

Flaco favor le está haciendo al sistema democrático Mariano Rajoy cuando el lugar de refutar las acusaciones o pedir que se castigue a los culpables en beneficio de la transparencia y el honor de la gran mayoría de políticos que trabajan honradamente por este país, se dedica a mirar para otro lado o a amparar a los corruptos. Sólo de alguien que está en manos de los acusados se puede entender tal actitud.